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Los Juzgados de Sevilla se colapsan informáticamente por falta de espacio

Nos hacemos eco en el Despacho, en esta ocasión, de una noticia que apareció ayer en EL CONFIDENCIAL, y que recoge lo siguiente:

El servidor central de los juzgados de Sevilla está colapsado y no permite seguir grabando los documentos que escanean los distintos órganos judiciales, entre ellos los relativos al caso de los cursos de formación que tramita la juez Mercedes Alaya y que suma dos millones de folios.

Fuentes judiciales han explicado a los periodistas que el servidor central está al máximo de su capacidad de archivo y que no admite más documentación. Los técnicos de informática consultados por los funcionarios judiciales les han respondido que la única solución es borrar archivos para poder introducir nueva información.

Resulta inimaginable pensar que algo así podría suceder en pleno 2014, era de la informática. ¿Las consecuencias? Para los clientes, los profesionales de la abogacía y el personal de la Administración, un revés más que soportar, un nuevo retraso que sacude los pilares de algunos de los principios básicos del derecho. ¿Es que nadie controla la capacidad del servidor?

De igual forma que nuestro disco duro se llena de millones de datos, así sucede con un servidor de este tipo solo que a mayor escala. La consecuencia, en nuestros hogares, es la de dedicar unos minutos a despejar el disco de datos que ya no necesitamos, o acercarnos a comprar el siguiente. En Justicia, la paralización completa de todos los Juzgados, con todo lo que ello supone, al no poder grabar ni una diligencia por corta que sea. Y en medio del caos, el Administrado, que ya no entiende nada…

Sentencia incomprensible y nada proporcional

Nos hacemos eco en esta primera entrada en la categoría de “¡¡No me lo puedo creer!!” de la siguiente noticia publicada en el Semanal Digital:

La sentencia por un robo de 10 euros en hortalizas avergüenza a toda la Judicatura

No hay derecho a que ocurra lo que ha ocurrido con una pareja que cayó en manos de tres jueces de Castellón

Valentín Carrera / El Semanal Digital, 06 de junio de 2014 a las 10:51
(…)

Hace días leí esta noticia: “Condenado a un año de cárcel por robar diez euros de hortalizas”.

Me pareció tan increíble, de tal calibre el disparate, que pedí información por escrito al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cuya respuesta sigo esperando.

Una amable colega de El Periódico Mediterráneo suplió la desidia del Tribunal y me remitió de inmediato la sentencia nº 56, dictada por la Audiencia de Castellón, firmada por Carlos Domínguez, Esteban Solaz y Aurora de Diego, tres magistrados infames (Diccionario RAE: “Infame: muy malo y vil en su especie”; “vil: bajo o despreciable”).

Hechos probados: Manuel y Arabela, con previo acuerdo, se dirigieron a las 23 h. a una parcela propiedad de Pilar, en Almazora, “y actuando con propósito común inmediato enriquecimiento (literal), Manuel saltó la valla apoderándose de unas hortalizas valoradas en 10 euros, que metió en una bolsa de basura siendo lanzada y recogida por Arabela, marchando acto seguido los dos en un coche gris, siendo interceptados por la Guardia Civil, recuperando en el maletero los objetos sustraídos, que fueron devueltos a su propietaria, que no reclama”.

Todo esto lo vio una vecina que regaba las plantas desde el balcón, aunque declaró que “no pudo ver lo que había en la bolsa ni siquiera sería capaz de reconocer a los autores”. Manuel declaró en juicio que “saltó la tapia para defecar”, pero los rectos jueces no le creyeron e incluso se mofan del delincuente:

“De su versión -dice insultante la sentencia- solo añadiremos que es digna de una mejor suerte literaria, por su originalidad”.

Con Blesa y Fabra no se hubieran atrevido a decir tales cositas.

Basta observar los hechos para saber que Manuel y Arabela son marginales en el borde de la miseria, pero estos jueces infames hablan de “propósito de inmediato enriquecimiento”, cosa que por sí misma es imposible hurtando lechugas, y “condenan a Manuel como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas de los arts. 237, 238.1º y 240 del Código Penal a la pena de un año de prisión con inhabilitación especial e imposición de costas”.

Todo esto ocurre mientras el Tribunal Superior de Valencia reduce de dos millones (petición del fiscal) a 200.000€ la fianza al ladrón Rafael Blasco, que saqueó 1,8 millones de fondos públicos, para que no pise la cárcel. Este es el sentido de proporcionalidad que practica la Justicia.

No digo que se aplauda a estos chorizos -me refiero a Manuel y Arabela-, ni que se les de una medalla como si fueran directores generales de Novacaixagalicia, ni que les invite el cónsul de España a un fin de semana en Londres, ni pretendo que les defienda Gómez de Liaño. Merecen el reproche proporcional a una ratería de diez euros que la dueña ni siquiera reclamó.

Pero ¡un año de cárcel! ¿Un año de cárcel a dos pobres diablos mientras los ladrones de cuello blanco que han desvalijado Pescanova y Bankia toman el sol en sus yates y chalets con sus blindadas cuentas opacas en Suiza y paraísos fiscales?

El Juez que condenó a Manuel y Arabela en primera instancia tuvo al menos el detalle de pedir al Gobierno su indulto. Los tres magistrados infames, que hasta se burlan de la poca “suerte literaria” del reo, ni se acuerdan del indulto.

Justicia inflexible y dura con los débiles y desgraciados, arrodillada y servicial ante los poderosos. No es justicia, es infamia. La sentencia nº 56/2014 de la Audiencia de Castellón es una página vergonzosa, que Borges no hubiera mejorado, de la “Historia universal de la infamia”.